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 Por Héctor Raúl González | La Unión de Morelos

josé martîez cruz - héctor raúl gonzálezEn entrevista, José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al gobierno estatal que otorgue todas las garantías constitucionales para que en las movilizaciones multitudinarias que realizarán los integrantes de los 13 pueblos de Morelos no haga uso de la fuerza “represiva y policíaca”.

En ese sentido, instó a los encargados de la seguridad pública en la entidad a no enviar “a ningún provocador para que la situación no se tensé ni haya conflictos”.

Martínez Cruz recordó que en Oaxaca “lo que ocurrió, desafortunadamente, fue que el gobierno empezó a utilizar grupos paramilitares y parapolicíacos, y ese tipo de cuestiones fueron muy graves y ya vimos sus resultados por eso demandamos todas las garantías para que se desarrollen de la manera más adecuada”.

Foto: Héctor Raúl González

Al respecto de la postura que ha manifestado el gobierno sobre la actividad de las 48 comunidades inconformes, José Martínez señaló notar dos cuestiones “una sobre el análisis y dos sobre las medidas que está tomando; el análisis me parece erróneo porque parte de informaciones incompletas, tergiversadas, sin fundamento, de ahí que (el gobierno) llegue a un análisis que no responde a la realidad y que forma una imagen totalmente errónea de lo que es el Congreso (de los Pueblos), en primer lugar porque trata de mostrar como si los delegados fraternos que vienen de otras partes estuvieran ligados a organizaciones armadas como el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo cual es evidentemente una falsedad; o descalificando procesos sociales tan profundos y tan importantes como el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), tildándolos como organizaciones radicales y además diciendo que eso es tan grave que pone en riesgo la integridad de los morelenses”.

Expresó que esa postura le recuerda “ni más ni menos al discurso con el que justificó Sergio Estrada Cajigal todas sus medidas represivas, destacadamente, el caso de Tlalnepantla, donde hubo muertos y donde fue precisamente esa actitud represiva del gobierno lo que llevó a una situación de esa naturaleza”.

Señaló que “es un espionaje ramplón el que ha hecho el gobierno porque no les ofrece ni siquiera elementos como para que puedan tener una radiografía objetiva de lo que es el Congreso de los Pueblos” quienes, dijo, “tienen una tradición de organización muy grande, comunitaria, que elige, a través de sus asambleas a quienes son miembros de ese pueblo y es muy difícil que alguien llegue de afuera y les imponga algo; aceptan y escuchan muchas opiniones pero son ellos los que deciden”.

Al referirse a las medidas que ha tomado el gobierno del Estado subrayó: “son muy graves; lo anterior fue el anuncio, pero después, partiendo de un presupuesto falso, llega a conclusiones falsas y a medidas falsas; ¿por qué hace un despliegue policiaco de centenares de policías para impedir la toma de carreteras cuando se sabía por parte del gobierno que eso no iba a ocurrir? Yo diría que, incluso en economía política, debería el gobierno entender que es un derroche de recursos destinar tal cantidad de recursos a algo que no va a ocurrir, sin embargo, las denuncias de la ciudadanía siguen por otros lados por la falta de seguridad pública”.

Lo anterior, puntualizó, “demuestra que el diagnóstico es erróneo y las medidas que toma son erróneas” y añadió que el mensaje que envía el gobierno es muy claro: “el mensaje es represivo”.

Martínez Cruz cuestionó la insistencia de las autoridades por señalar que la APPO está inmiscuida en la organización de los pueblos de Morelos: “nosotros creemos que el que el gobierno insiste en presentar a la APPO como si estuviera influyendo en los acontecimientos de Morelos para crear su fantasma y luego combatirlo diciendo ‘Morelos no es Oaxaca, eso quieren ellos’. ¿Quiénes quieren que Morelos sea Oaxaca? ¿Quiénes están tomando medidas de intolerancia, de persecución, de amenazas, de represión, de criminalización de movimientos sociales?”

Enfatizó en señalar que en Morelos la estrategia es tergiversar la realidad “y por lo tanto, descalificar el proceso de coordinación de la lucha de los pueblos, pero hay que recordar que la constitución establece la libertad de organización, de expresión y de manifestación, entonces, el gobierno al enviar esos mensajes, está violentando esos derechos porque está amenazando con reprimir a la gente que se organiza, expresa y manifiesta”.

“El gobierno, lejos de tener una posición respetuosa, descalificó todo el movimiento previamente; si polemizaran realmente con lo que está ocurriendo, creo que toda crítica, en ese sentido, es bienvenida, y los pueblos así lo han dicho. Se tendría que definir claramente la posición del gobierno pero maneja un doble discurso”.

El integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos manifestó que “en el boletín que presentó, el gobierno se dedica a denostar a los pueblos y al final dice ‘porque nosotros vamos a garantizar el desarrollo sustentable’. ¿Qué significa ese concepto? Significa que el desarrollo sustentable tenga bases reales que involucran a todos los de una determinada localidad sin perjudicar medio ambiente, economía, sociedad, gente, pero ¿cómo se puede ser sustentable si se excluye a los pueblos originarios?, cuestionó.

Apuntó que en el caso del manantial Chihuahuita la contradicción coloca a las empresas y el gobierno de un lado y a los pueblos del otro y que de mantenerse en esa lógica el gobierno estará tomando partido para reprimir, perseguir y hostigar a los pueblos y a quienes nos identificamos con esa lucha”.

José Martínez Cruz remató diciendo que “la conclusión, por el momento, es que los pueblos ahora piden que la respuesta venga directamente del gobernador; el gobernador envió al secretario general de gobierno y a sus instancias para que dieran seguimiento al caso; todavía los pueblos están haciendo ese esfuerzo de que venga la respuesta directamente del gobernador, y si no, bueno, pasar a otro nivel, pero todavía le están concediendo al gobierno un nivel de interlocución bastante considerable; si el gobierno no lo toma en cuenta así, será otro más de sus errores de apreciación y de estrategia política”.

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